Violencia y Acoso Político Realidades Presentes en la Región
 Cada vez son más frecuentes los casos de violencia y acoso político contra las mujeres que acceden a cargos de elección popular en América Latina. Según la diputada boliviana Elizabeth Salguero, la tendencia es que la violencia política se incrementa a medida que aumenta el número de mujeres electas. Recientemente, se han reportado casos en Bolivia y México.
Según Ana María Encina, Presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), la violencia política ha aumentado en el país en los últimos 7 meses. “De momento, tenemos 200 casos, de los cuales 60 han ocurrido recientemente. . La prensa ha denunciado estos hechos, que evidencian la necesidad de que la ley contra el acoso y la violencia política sea aprobada. Desde ACOBOL hemos socializado esta ley con hombres, mujeres parlamentarias, concejalas y mujeres de grupos de base, a través de talleres realizados en varios municipios del país”.
Durante el mes de enero, el boletín del Parlamento Mundial denunció un caso de violencia que ocurrió al frente al Concejo de Puerto Rico, en Pando, Bolivia, donde varias mujeres fueron agredidas físicamente durante aproximadamente una hora. Según el boletín, los responsables de este acto fueron funcionarios del municipio.
Recientemente en México, Eufrosina Cruz Mendoza, joven de 27 años de la etnia zapoteca, resultó electa alcaldesa del municipio de Santa María Quiegolani, en Oaxaca. Sin embargo, su triunfo no se respetó, pues según lo establecen los Usos y Costumbres que rigen a algunas comunidades indígenas, las mujeres no pueden ocupar cargos de elección popular. Según un artículo publicado en El País, de los 570 municipios de Oxaca, 418 se rigen por estas prácticas. Esta situación ha generado el descontento a nivel nacional e internacional. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) está dando seguimiento al caso de Cruz Mendoza y desde Bolivia algunas organizaciones de mujeres también han hecho llegar su mensaje de solidaridad.
Las Mujeres le Hacen Frente al Acoso Político
 En los últimos años se han formado grupos que empiezan a hacer frente a esta situación. En Bolivia, se ha presentado varias veces una ley contra la violencia y el acoso político y en México, a raíz del caso de Cruz Mendoza, se formó el Movimiento Quiegolani por la Equidad de Género. Las mujeres de Ecuador también están tomando medidas para enfrentar esta situación. La Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador AMUME firmó recientemente un acuerdo con la Asociación de Concejalas de Bolivia, ACOBOL para coordinar acciones de sensibilización a nivel latinoamericano en la lucha contra la erradicación del acoso y la violencia política.
UN-INSTRAW en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gobernabilidad, género y participación política de las mujeres en el ámbito local”, financiado por AECID, apoyó el taller "Equidad en el Poder Local: Fortaleciendo la gobernabilidad y la participación política de las mujeres”, evento en el cual se firmó oficialmente el acuerdo entre los 2 países.
A nivel de la región, en un foro virtual liderado por UN-INSTRAW en octubre del 2007, académicas y políticas de varios países latinoamericanos estuvieron de acuerdo en afirmar que es necesario penalizar la violencia política contra la mujer, así como también identificar y documentar casos de mujeres que han experimentado este tipo de violencia durante las elecciones y una vez que son elegidas.
Adicionalmente, con el apoyo de UN-INSTRAW, en marzo del 2008 se lanzó oficialmente el portal de ACOBOL a través del cual las mujeres pueden denunciar actos violentos y darle seguimiento a las respuestas de las autoridades.
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Bolivia, país lider en Iniciativas contra la Violencia
 Bolivia es de los países latinoamericanos líderes en la lucha contra la violencia política. Según María Eugenia Rojas, gerente de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), desde el año 2000 han estado luchando para lograr la aprobación de la ley contra la violencia y el acoso político en el congreso.
Los casos denunciados por los medios de comunicación y por las mismas mujeres en varios países latinoamericanos incluyen desde obligar a las mujeres electas a renunciar hasta ser agredidas físicamente. Aquellas que logran permanecer en el poder, en oportunidades experimentan una violencia más sutil. En el estudio de UN-INSTRAW sobre la participación política de las mujeres en el ámbito local, Alejandra Massolo señala que a las mujeres en oportunidades se les exige más que a los hombres y que reciben críticas que nunca se le harían a un hombre. Aunque muchas mujeres no identifican estos actos como violencia política, se puede considerar que este comportamiento hostil hacia la mujer política, hace más difícil su permanencia en el poder.
Mujeres Indígenas Enfrentan Doble Discriminación
El caso Eufrosina Cruz Mendoza evidencia esta difícil encrucijada entre el derecho de las mujeres a participar en política y las normas que dictan los Usos y Costumbres de algunas comunidades indígenas.
Desde UN-INSTRAW se han llevado a cabo investigaciones que reflejan este dilema. La investigadora Margara Millán plasma claramente en su estudio sobre la participación política de las mujeres indígenas en el movimiento Zapatista como las mujeres jóvenes de la comunidad Tojolabal, en Chiapas encuentran en el Movimiento Zapatista un espacio para participar que contrasta con las normas de su comunidad que impiden su participación. Según Millán, “el artículo cuarto de la constitución reconoce a los pueblos indígenas su derecho a tener normas particulares que hay que respetar. Las mujeres avalan esta reforma constitucional, al tiempo que plantean que las costumbres que vayan en contra de su autodeterminación e integridad física sean cambiadas”.
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Programa Radial sobre la violencia en Bolivia
 El programa radial Equidad en el Poder Local, liderado por UN-INSTRAW en coordinación con ACOBOL, dedicó una de sus emisiones al tema de la violencia y el acoso político. El programa incluye entrevistas con las siguientes mujeres:
 Gloria Aguilar, primera presidenta de ACOBOL, habla sobre los motivos que originaron la elaboración del proyecto de ley contra el acoso y violencia política.
María Eugenia Rojas, Gerente general de ACOBOL, quien narra el proceso de elaboración del proyecto.
La Concejala María Eugenia Quispe explica como viven la violencia política las concejalas de Bolivia.
Diputada Elizabeth Salguero, quien gestionó el proyecto de ley en la agenda legislativa del congreso.
Documentos de Interés
Las Mujeres Necesitan Ley contra el Acoso y la Violencia Política, Boletín del Parlamento Mundial, La Paz, 29 de Enero
Una mexicana de Oaxaca encabeza la lucha contra los ’usos y costumbres’ indígenas que anulan a la mujer Mujeres en Red El Periódico Feminista, 10 de Febrero del 2008
Proyecto de Ley Contra la violencia y el Acoso Político por razones de género
Convenio AMUNE ACOBOL
Mujeres municipalistas de Bolivia y Ecuador trabajarán contra la violencia política, ABI, Agencia Bolivariana de Información, marzo 5 del 2008
Mujeres municipalistas de Bolivia y Ecuador trabajarán contra la violencia política, Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Enlared, 4 de marzo, 2008
Ley Contra el Feminicidio y Otras Formas de Violencia contra La Mujer - Guatemala
RESEÑA DEL DEBATE VIRTUAL: ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER INVOLUCRADA EN POLÍTICA (10-14 de diciembre de 2007)
Preparado por Haley Horan, Rossana Andía y Bahar Salimova, iKNOW Politics
Definiciones de violencia
Artículo 4 se entiende por acoso político al acto ilícito cometido por una persona por sí o a través de terceros, en contra de una mujer o de su familia, con el propósito de impedir o restringir el ejercicio de un cargo público, de inducir a una acción u omisión, en el cumplimiento de sus funciones, mediante actos de presión a través de persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por cualquier medio, sea este evidente o simulado.
Artículo 5: Se entiende por violencia política al acto ilícito cometido por una persona por sí o a través de terceros, en contra de una mujer o su familia, con la finalidad de impedir o restringir el ejercicio de un cargo público o de inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y de sus principios, a través de actos que causen daño
físico, moral o sexual.
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