Las reformas constitucionales han perseguido como objetivo final “lograr mayor legitimidad eficacia y estabilidad” en los distintos regímenes democráticos latinoamericanos; considerando que la estabilidad del sistema depende del grado de legitimidad y de eficacia de los gobiernos.

El régimen democrático es mejor o es menos malo cuando obtiene los resultados que busca, por la cualidad del procedimiento (elecciones libres y competitivas) o por asignarle a la democracia alguna justificación sustantiva. Pero la legitimidad de un gobierno puede ser bloqueada por la falta de eficacia para encontrar soluciones a los problemas de la sociedad, porque la aprobación del poder político por parte de pueblo busca la satisfacción de ciertos intereses materiales e ideales, que si no son logrados dañan progresivamente la legitimidad.

La brecha existente entre en apoyo a la democracia y el contentamiento por sus resultados, pone en tensión a todo el sistema. Según la percepción popular, la responsabilidad por la falta de resultados la tienen las instituciones mediadoras y en especial los partidos políticos y los políticos en general, sin embargo una mayor participación, una mejor discusión ampliada y más control, podrían ser los ejes de la nueva institucionalidad en la región. Los mecanismos establecidos en las reformas constitucionales y el control del ejercicio del poder, resultan herramientas útiles para lograrlo.

Desde esta perspectiva, lo que está en cuestionamiento es el sistema de representación, sin embargo cualquier cambio institucional deberá enfrentar un obstáculo tradicional en Latinoamérica, este es el incumplimiento de la ley, la tendencia a la anomia y a la ajuridicidad, que están ocultas detrás de constituciones y leyes que desde sus orígenes plasmaron en sus textos las distintas corrientes liberales.

Superar una desigualdad indignante y satisfacer las necesidades más básicas de la población, son los problemas de la democracia latinoamericana, objetivos que difícilmente se cumplirán si no se asegura el valor efectivo del orden jurídico (Ricardo Gil Lavedra, Un vistazo a las reformas constitucionales en Latinoamérica. Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política (SELA), Uruguay, 2002.)

Por ejemplo, una de las características de las modificaciones constitucionales en Venezuela, Ecuador y Bolivia, es la incorporación ratificación de la participación ciudadana a diferentes niveles, y no solamente reducida a elegir sus representantes en el gobierno cada tantos años. Una participación que incluye la posibilidad de revocar el mandato de los cargos electos antes de concluir sus mandatos, participación en la discusión de los presupuestos del Estado, poder de decisión en la prioridad del gasto, y en el control de los mismos.

Aunque los tres procesos sostienen que se encaminan hacia un nuevo tipo de socialismo, no rompen con el modelo capitalista, pero definen e impulsan formas de propiedad social. Además, las reformas propuestas garantizan derechos de los trabajadores largamente reclamados, e impulsan la descentralización y control ciudadano.

En las últimas décadas, los gobiernos conservadores han ido modificando la Constitución de sus países para frenar a la oposición, aferrarse al poder, o seguir las directrices de los centros de poder extranjeros, por ejemplo, habilitando las privatizaciones de empresas públicas, reduciendo la injerencia del Estado en la economía y en la prestación de servicios.

Así, las llamadas cartas magnas, leyes fundamentales de la nación, han servido para perpetuar el poder de unas minorías, sea cual sea el color político del partido de gobierno.