Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDQM): Sistema Metropolitano De Inclusión Social Y Promoción - Restitución De Derechos
El Distrito Metropolitano es un régimen especial de gobierno autónomo, dentro de la organización territorial del Estado. El alcalde es el responsable de la administración del Distrito. El MDMQ cuenta con un Concejo conformado por 15 miembros (de los cuales 6 son mujeres, 40% del total), elegidos para un periodo de cuatro años. El Concejo Metropolitano tiene una Comisión de Equidad Social y Género. El MDMQ ha adoptado un sistema de planificación participativa como base de la gestión. En julio del 2006 se creó el Sistema de Gestión Participativa, Rendición de Cuentas y Control Social del Distrito Metropolitano de Quito (SGP-RC).
Además, existe una mesa de movilidad (Ecuador es el país con mayor población desplazada-refugiada en América Latina y muchos/as de ellas están en Quito). El subsistema de rendición de cuentas y control social establece veedurías sociales y una Comisión de Seguimiento. Todo el proceso confluye hacia la máxima instancia de participación ciudadana metropolitana: la Asamblea de Quito, cuyas modalidades de participación son territoriales, temáticas y sociales. (Ordenanza Metropolitana 0187 SGP-RC, Sistema de Gestión participativa, rendición de cuentas y control social del Distrito Metropolitano de Quito. ICAM. 2008, citado en Gómez et al: 2009, página 33).
Desde el 2000 el movimiento de mujeres abogó por la creación de instancias municipales especializadas en temáticas de género y equidad. Las instancias creadas para atender los temas de género y equidad en el nivel ejecutivo del municipio son las siguientes:
La Unidad de Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar, de Género y Maltrato Infantil. Creada como instancia especializada de la Dirección Metropolitana de Seguridad Ciudadana para la operación del sistema metropolitano de prevención y atención a la violencia intrafamiliar de Género y al maltrato infantil en todo el municipio.
Los Centros de Equidad y Justicia (CEJ) Tres Manuelas, encargados de atender y canalizar las demandas de la ciudadanía en temas de violencia intrafamiliar, de género, maltrato infantil, discriminación y exclusión social. Estos CEJ tiene un rol fundamental de prestación de servicios de asesoría social y legal.
La Secretaría de Inclusión Social, creada en 2009, en la que confluye una lenta construcción de institucionalidad ligada a los derechos, busca asegurar que las decisiones estratégicas sobre políticas para el logro de la equidad de género, generacional y étnica, articulando las respuestas institucionales a las demandas e intereses de los grupos diversos del Distrito. La Secretaría, a través de sus instancias antecesoras, ha impulsado varios estudios sobre la situación de las mujeres: diagnóstico participativo Género, Participación Democrática y Gobernabilidad, el femicidio en el Distrito, uso del tiempo libre, censo sobre niños/as en situación de calle, situación, demandas y propuestas de los jóvenes.
El Municipio ha iniciado programas de capacitación y formación a sus funcionarios/as en temas de género e inclusión social, con apoyo de cooperación internacional y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO y la Universidad Politécnica Salesiana, liderados por la Comisión de Género y Equidad Social del Concejo Municipal. Actualmente, se han capacitado más de 60 funcionarios/as claves en el curso “Liderar en clave de género” y en el diplomado sobre desarrollo y migraciones.
• La Comisión de Equidad Social y Género
Es un espacio legislativo y fiscalizador, y tiene como objetivo asegurar que la gestión del municipio tenga un enfoque de equidad y género tanto en los servicios que brinda como en las políticas públicas que pone en marcha. La Comisión de Equidad Social y Género del municipio de Quito ha trabajado para lograr que las voces diversas y las demandas de quienes tradicionalmente han sufrido discriminación y violencia, sean escuchadas y atendidas. Para esto la Comisión se ha enfocado en varias áreas, entre las que podemos contar: Violencia de género, Participación, Salud sexual y reproductiva, Derechos económicos, Acceso a educación, Diversidad sexual, Migraciones y Protección integral a la niñez y adolescencia. Actualmente ha introducido una línea de masculinidades con la cual busca desnaturalizar roles machistas y promover la mayor inclusión de varones en las responsabilidades domésticas.
• La Política de Inclusión Social del MDMQ
La actual administración ha creado un “Sistema Metropolitano de Inclusión Social y Promoción - Restitución de Derechos”, con una Secretaría Metropolitana de Inclusión Social, que articula y coordina la gestión de las políticas públicas de inclusión, afirmación positiva y participación de grupos sociales diversos: mujeres, jóvenes, niños y adolescentes, adultos mayores, grupos GLBTI, afroecuatorianos e indígenas así como refugiados y desplazados. El Sistema coordina sus acciones con diversos organismos del Estado y actores de la sociedad civil
Actualmente, el Sistema potencia las acciones que el MDMQ ha sostenido por varios años frente a la violencia de género. Varias iniciativas se ligan en torno a esta intervención, como el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana, que incluye el funcionamiento de siete Centros de Equidad y Justicia CEJs. Se suman un Centro de Mediación, la Casa de Movilidad Humana y dos Juntas de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia.
Todos los servicios fueron creados con la finalidad de prevenir, garantizar y reparar los derechos violentados de las personas- Los Centros de Equidad y Justicia trabajan con otros actores estatales como la Fiscalía, la Policía Judicial y las Comisarías de la Mujer y de la Familia. Algunas estrategias coincidentes en las intervenciones son: prevención, atención legal, psicológica y social, fortalecimiento del tejido social y promoción de los derechos humanos.
Debido a un énfasis en la gestión, la actual administración se enfoca en la operativización de servicios para la puesta en marcha de CIRCUITOS LOCALES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, orientados a la prevención, detección y erradicación de las situaciones de violencia contra las mujeres, tomando como base el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, cuyo Decreto Ejecutivo 620 es Política de Estado desde el 2007.
La propuesta supone el abordaje de todos los tipos de violencia: estructural, psicológica, física, sexual y familiar; la cohesión de actores, recursos y la conformación de una red interinstitucional. Implica mantener una coordinación estrecha con otros servicios estatales: justicia, educación salud, albergues, que permita brindar atención especializada, fortalecer las capacidades de las víctimas, impulsar la denuncia y combatir la impunidad y supone abordar delitos y contravenciones en materia penal, civil, asuntos migratorios y problemas de racismo, xenofobia, exclusión, derechos de niñez y adolescencia.
El sistema también cumple los mandatos de las Ordenanzas Municipales 042, 246, 286, 202, 271 y 287 y de las convenciones internacionales CEDAW, Belém Do Pará, Convención de los Derechos del Niño, así como la Constitución del 2008.
La presente administración también está elevando la sostenibilidad de la política, asignando recursos presupuestarios que han permitido incorporar a la planilla municipal los equipos de atención de los 7 centros y construir nuevos centros. El centro de Quitumbe, en construcción, incluye un trabajo en la infraestructura desde la estética para convertirlo también en un referente simbólico de la vida libre de violencia.
Los avances en el plano de las políticas locales también han tenido su desarrollo normativo, en cuanto al impulso de varias ordenanza y resoluciones dirigidas al logro de la equidad y la inclusión, específicamente para las mujeres y la equidad de género destacan:
• Ordenanza 042, que establece las políticas tendientes a erradicar la violencia intrafamiliar, de género y el maltrato infantil (VIF-G-MI).
• Ordenanza Metropolitana 084: establece el Premio Manuela Espejo, dirigido al reconocimiento de la ciudadanía emblemática de las mujeres en el Distrito.
• Ordenanza 087: creación del comité de Gestión de los Fondos Solidarios Locales de Salud para la aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.
• Ordenanza 240: para promover el respeto a la Diversidad Sexual y erradicar toda forma de violencia y discriminación
• Resolución de Alcaldía A0004 que garantiza a las adolescentes embarazadas y madres adolescentes su permanencia en todos los centros educativos del Subsistema Metropolitano de Educación y promueve la entrega de servicios de cuidado diario para sus hijos/as, en los centros infantiles municipales, durante la jornada estudiantil.
• Resolución C-687 del Consejo Metropolitano de Quito que reconoce el derecho de las mujeres quiteñas a la anticoncepción de emergencia y establece la obligación del municipio del Distrito Metropolitano de proveer este tratamiento en sus servicios de salud y atención a la violencia intrafamiliar.
La presentación del Municipio de Quito estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Equidad y Género, Norman Wray, quien –luego del saludo protocolar del alcalde- expuso el trabajo realizado con énfasis en las políticas de sensibilización y cambio cultural. Luego Natalia Arias estuvo a cargo de presentar el trabajo de a Secretaria de Inclusión. Posteriormente el grupo se trasladó al Centro de Equidad y Justicia “Tres Manuelas” donde su directora Paz Guardenas encabezó un recorrido guiado por sus instalaciones y el circuito de las mujeres que ingresan a recibir apoyo por situaciones de VIF.
Lecciones aprendidas y buenas prácticas
• El municipio de Quito es uno de los gobiernos locales que se ha destacado en los últimos años por su apertura y voluntad política a favor de los derechos de las mujeres, y de grupos sociales diversos, como jóvenes, niños/as y adolescentes, adultos mayores, afrodescendientes e indígenas, migrantes, refugiados, desplazados, GLBT y personas con discapacidades.
• La incorporación del enfoque de género en la gestión local implica la formulación de planes y políticas e implementación de programas, proyectos y obras que incluyan las demandas comunes y especificas de mujeres y hombres en su diversidad social, económica, étnica, de identidad, etárea, de capacidades diferentes, etc. De esa manera se busca revertir situaciones de inequidad e injusticia, tomando en cuenta la condición de género, generacional, étnica, socio económica y cultural de las personas, así como sus necesidades respecto al territorio y los servicios, tanto para desarrollar sus actividades, como sus aspiraciones personales.
• A través de este enfoque se aspira a promocionar y generar cambios culturales e institucionales, reflejándose esto último en una nueva estructura organizacional orientada a impulsar un desarrollo humano, sostenible y equitativo, que asegure transparencia y eficiencia en la gestión municipal. La incorporación del enfoque de género en la planificación municipal incluye una visión a largo plazo del desarrollo de un territorio.
• La planificación que tradicionalmente se hacía para el desarrollo estaba marcada por un sesgo homogenizador, que no contemplaba la diversidad, las necesidades y demandas de las diferentes personas, ni de las mujeres, ni de los grupos étnicos o generacionales diferentes, ni de las personas que tuvieran necesidades especiales por discapacidad.
• El enfoque de género en la planificación busca modificar las situaciones de inequidad e injusticia social a través de visibilizar a las personas desde sus especificidades; pues las demandas e intereses dentro de la ciudad son reconocidos como diferentes.
• El enfoque de género implica la adopción de estrategias para compensar las desigualdades basadas en el género y las jerarquías de poder. Es importante establecer que la dimensión de género y las relaciones que esta genera afectan todos los aspectos de funcionamiento de una ciudad o un territorio, y consecuentemente, trabajar con enfoque de genero significa desplazar los desequilibrios de poder y buscar una mayor equidad y democracia, que se traduce en igual bienestar material, igual acceso a recursos y oportunidades, igual participación en la toma de decisiones y un igual control sobre recursos y beneficios con un sistema de valores basado en los derechos humanos.
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