El proceso de descentralización del Estado el Centroamericana se inicia aproximadamente en la década de los 90, periodo en el cual varios gobiernos dejaban atrás las guerras civiles e iniciaban una etapa de transición hacia la democracia. La descentralización surgió con el fin de promover Estados más eficientes y para ello se propuso que los gobiernos centrales otorgaran mayores competencias y recursos a los gobiernos locales y que se abrieran espacios de participación democrática. Aunque no todas estas propuestas se materializaron en realidades, el enfoque municipalista de la descentralización en América Latina le dio protagonismo a los municipios, fomentó el diálogo entre el gobierno local y la sociedad civil y tuvo un efecto positivo para la participación política de las mujeres en tanto que facilitó la presencia de nuevos actores en el quehacer político.
El proceso de descentralización en Guatemala, que tiene su fundamento jurídico en la Constitución Política de la República, data del año 2002, en cual se promulga la Ley General de Descentralización (Decreto nº 14 2002).
En Guatemala el nivel intermedio del proceso de descentralización es el Departamento. El Gobierno Municipal está compuesto del Concejo Municipal, integrado por el Alcalde, los Síndicos y los Concejales. El Concejo Municipal reconoce las Alcaldías Comunitarias o Auxiliares como entidades representativas de las comunidades. El nombramiento de Alcaldes Comunitarios o Alcaldes Auxiliares es de responsabilidad del Alcalde, con base a la designación o elección que hacen las comunidades.
En materia de política pública, el país cuenta con la Política Nacional de Descentralización, formulada en el actual gobierno con el propósito de dar visión de largo plazo al proceso de descentralización.
Institucionalidad de Género
La
Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) hace parte de la Presidencia de la República y está encargada de asesorar al presidente en la adopción de políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres e incorporar la equidad de género en políticas, programas y proyectos de las instituciones gubernamentales.
En cuanto a políticas que favorecen la igualdad entre hombres y mujeres, Guatemala cuenta con la
Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres y Plan de Igualdad de Oportunidades 2001-2007, que tiene el propósito de orientar el quehacer económico, político, social y cultural a favor de la promoción y desarrollo de las guatemaltecas en condiciones de equidad”.
Así mismo, la
Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), en su Plan Estratégico 2005-2008, considera entre sus metas “lograr en el corto y mediano plazo mayor incidencia de las mujeres en el desarrollo local a través de Consejos Municipales de Desarrollo y otros espacios de participación”.
Por otra parte, la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI) impulsa el empadronamiento y las candidaturas de mujeres en los procesos electorales, además de apoyar la realización de Foros y de encuentros de Mujeres Municipalistas, a través de la Asociación de Mujeres en el Gobierno Municipal (ASMUGOM).
En el país existen 30 oficinas Municipales de la Mujer, que representan una cobertura de 9%.
Legislación
Guatemala no cuenta con ley de cuotas. Según Ana Silvia Monzón, una de las participantes en el foro virtual
Mujer y la Nueva Sociedad del Debate y miembro de la organización Voces de Mujeres, “en Guatemala se han presentado propuestas para establecer la ley de cuotas desde 1997, sin embargo, estas no han sido aprobadas pues sus opositores alegan que esto seria otorgar privilegios a las mujeres, quienes deben aumentar su participación por méritos propios”.
