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Los sistemas políticos latinoamericanos han demostrado incapacidad para crear políticas de Estado y construir mayorías estables que les den apoyo para proyectarse más allá de una gestión. Políticas permanentes a las que se les destinen recursos humanos además de financieros y que sean diseñadas y ejecutadas con amplia participación ciudadana.
Así también en muchos países de la región no se han resuelto los déficits de institucionalidad política, para establecer normas que faciliten el diálogo y la concertación, para que después los partidos políticos, los movimientos sociales, de mujeres y otras formas de organización movilizadas que buscan ejercer el poder; puedan proyectar estos acuerdos en programas de gobierno que reflejen ampliamente los intereses nacionales en el contexto de la globalización.
Por otra parte, el sistema político es excluyente porque no ha logrado incorporar a los pueblos originarios y por ende a las mujeres indígenas que representan la mayoría de la población en varios países de la región como Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia.
En todos los Estados y las sociedades latinoamericanas existen diversos grados de corrupción, afectando tanto al sector público como al privado; quebrantando la ley y aumentando el tratamiento de discriminación que a menudo sufren el conjunto de la sociedad y particularmente las mujeres. Esta situación generalizada alimenta la percepción negativa de la ciudadanía sobre los sistemas políticos en la región (Francisco Rojas Aravena, El nuevo mapa político latinoamericano: para repensar los factores que marcan las tendencias políticas, FLACSO - 2005, Chile).
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